El Ministerio de Defensa ha tomado la decisión de suspender el cobro de jubilaciones a cuatro militares retirados que actualmente residen en el exterior y se encuentran prófugos de la Justicia en causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar.
Según lo informado por Info Capital (TV Ciudad) y confirmado por Montevideo Portal a través de la Fiscalía, esta medida responde a órdenes emitidas por los juzgados de 23° y 27° turno. Dichas órdenes respaldan el pedido del fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, quien presentó un escrito en cada uno de los casos solicitando a la Dirección de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas que se aplique el artículo 127 de la Ley n° 16.170.
Este artículo establece que los beneficiarios de una pasividad militar que residan en el exterior deben acreditar su existencia semestralmente mediante una revista consular o algún otro método fehaciente. Si transcurre un año sin que se presente esta constancia, la pasividad se da de baja hasta que el beneficiario solicite su reincorporación al presupuesto.
Es importante mencionar que este marco normativo fue modificado en diciembre de 2020, durante el gobierno anterior. Desde entonces, solo se exige la constancia de vida a quienes residen fuera del país, mientras que anteriormente, todos los jubilados militares debían cumplir con esta obligación.
El debate sobre las jubilaciones de los militares prófugos ha cobrado relevancia nuevamente a inicios de mayo, cuando la organización Familiares se reunió con el presidente Yamandú Orsi. En dicha reunión, denunciaron que el exmilitar retirado Roberto Freddy Amorín, requerido e investigado por torturas en el Comando General de la Fuerza Aérea entre 1972 y 1977, así como por la desaparición del militante comunista José Arpino Vega en 1974, había conseguido tramitar una “fe de vida” en el consulado uruguayo en Miami. Esto le habría permitido continuar percibiendo su jubilación sin que los funcionarios notificaran a Interpol, a pesar de tener instrucciones de hacerlo desde la Cancillería.
De acuerdo con la información disponible, hay un total de 16 militares requeridos por la Justicia uruguaya. De estos, 12 están prófugos, mientras que tres tienen el respaldo jurídico de los países donde residen, que han rechazado las solicitudes de extradición. El caso restante corresponde a Daniel Maiorano, exintegrante de la Dirección de Inteligencia de la Prefectura Nacional Naval, cuyo trámite se encuentra en curso.
Con información de Montevideo Portal
