La Intendencia de Maldonado, bajo la dirección de Miguel Abella, ha implementado un decreto que busca facilitar la relación entre la población y la intendencia. Esta medida tiene como fin asegurar que las obras se ajusten a la normativa vigente, promoviendo así la seguridad jurídica y el cumplimiento de las normativas de control edilicio y ordenamiento territorial.
Este decreto se enfoca en la regularización de obras que estaban en pie hasta el 31 de diciembre de 2025 y que no contaban con los permisos de construcción correspondientes, o aquellas que, tras solicitar la autorización, realizaron ampliaciones sin el debido consentimiento.
Además, se establecen beneficios en relación a las tasas que deben abonar quienes decidan acogerse a esta normativa para regularizar sus obras.
Las personas que opten por este proceso, y que tengan registrado en su padrón un gravamen por impuestos de edificación inapropiada, verán suspendido dicho gravamen hasta que se logre la regularización definitiva de la obra.
Adicionalmente, se han diseñado beneficios específicos para la regularización de viviendas sociales. En este sentido, aquellos que no puedan contratar un arquitecto privado tendrán la opción de acceder a los servicios de un arquitecto de oficio, cuyo trabajo será evaluado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Barrial.
Con el fin de facilitar este proceso, se ha creado una comisión asesora encargada de estudiar los casos de las personas y entidades que deseen gestionar la regularización de sus obras.
El inicio del trámite puede realizarse a través de la Dirección de Administración Documental o en los municipios, y posteriormente se enviará a la Dirección de Control Edilicio de la IDM.
Resolución completa disponible AQUI para descarga y visualización.
Con información de Intendencia Maldonado
