El intendente Abella ha presentado un proyecto de ordenanza con el objetivo de ordenar, fortalecer y modernizar el sistema de transporte público colectivo en el departamento. Este plan busca mejorar el papel regulador de la Intendencia, asegurando un servicio accesible, confiable y seguro para todos los usuarios.
La elaboración de este proyecto se llevó a cabo tomando en cuenta los aportes y recomendaciones del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) y de la comisión multipartidaria sobre Movilidad, que fue impulsada por el gobierno departamental con una visión de largo plazo, abarcando un horizonte de 30 años.
El transporte público colectivo es considerado un servicio esencial en Maldonado, ya que permite el ejercicio efectivo del derecho a la movilidad tanto de la población residente como de los visitantes, facilitando el acceso a oportunidades laborales, educativas, sanitarias, sociales y recreativas.
En las últimas décadas, Maldonado ha experimentado un crecimiento poblacional sostenido, concentrado principalmente en San Carlos, Maldonado y Punta del Este, lo que ha generado una creciente presión sobre el sistema de movilidad existente.
El gobierno departamental reconoce que la normativa actual sobre transporte colectivo, que fue originalmente diseñada para otra época, necesita ser actualizada y reestructurada. Con este proyecto, se busca fortalecer el rol de la IDM como la autoridad competente en la planificación, regulación y supervisión del sistema, dotándola de herramientas claras para ordenar la prestación del servicio y asegurar su cumplimiento.
Un aspecto crucial de este proyecto es la incorporación de criterios técnicos y operativos en relación con las concesiones y permisos, la estructura empresarial, la capacidad económica de los operadores y las características de las unidades que brindan el servicio. Además, se regulará la antigüedad máxima de la flota y se fomentará su renovación progresiva, así como condiciones de accesibilidad y homogeneidad tecnológica.
Este enfoque en la modernización del transporte público también busca mejorar su desempeño en términos económicos, sociales y ambientales. El proyecto de decreto incluye un extenso articulado que establece que los permisos otorgados por la IDM para la prestación de servicios de transporte público serán precarios y revocables.
El gobierno departamental se encargará de gestionar los servicios, asegurando su alta calidad en relación con la oferta y la demanda, y que sean accesibles. También impulsará la incorporación de tecnología necesaria en la reposición de flotas.
La intendencia tendrá la responsabilidad de regular y fiscalizar los servicios de transporte colectivo bajo su competencia, así como de actuar en caso de infracciones a las disposiciones del decreto.
El jefe comunal podrá definir la tecnología para la venta de viajes en todas sus modalidades, incluyendo efectivo, abonos y billeteras electrónicas. También podrá establecer dispositivos tecnológicos en las unidades para proporcionar información o facilitar la fiscalización del sistema.
La intendencia reglamentará la inclusión de nuevas condiciones para mejorar el sistema de transporte colectivo de pasajeros y notificará a las empresas concesionarias sobre nuevas obligaciones.
El gobierno será propietario de la información generada en el sistema y podrá solicitar a las empresas toda la información necesaria para la regulación financiera, tecnológica, operativa y administrativa del sistema.
Además, el intendente se reserva el derecho de intervenir las empresas cuando sea necesario para garantizar el cumplimiento y la continuidad de los servicios.
Finalmente, el proyecto clasifica los servicios de transporte en regulares y no regulares.
Con información de Intendencia Maldonado
