El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha manifestado que “se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico” tras la reciente acusación formal presentada por Estados Unidos contra Raúl Castro.
La denuncia, que incluye múltiples alegaciones, ha generado una fuerte reacción en La Habana. Según fuentes cercanas, la decisión fue tomada en un contexto de creciente tensión entre ambos países, especialmente en lo que respecta a derechos humanos y libertades civiles en la isla.
El gobierno de Díaz-Canel ha dejado claro que considera esta acusación como un intento de desestabilizar a su administración. En este sentido, el mandatario cubano ha subrayado que “no hay fundamentos legales” que sustenten las acusaciones de Estados Unidos, enfatizando que son meramente políticas.
Por su parte, Donald Trump, en una reciente declaración, expresó que “la comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Cuba”. Trump enfatizó que las acciones de Castro han llevado a la nación a una crisis humanitaria y que es momento de que la comunidad global tome una postura firme.
El Departamento de Justicia de EE.UU. señaló el miércoles a Castro como uno de los presuntos responsables del derribo de aviones de la organización de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate en 1996. En el derribo de los aviones, que ocurrió cuando Castro era ministro de Defensa de Cuba, murieron cuatro personas, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente. Por este hecho, EE.UU. acusó a Castro de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato.
La acusación contra Castro se produce en un momento en que Cuba enfrenta importantes desafíos económicos, exacerbados por la pandemia de COVID-19 y las restricciones impuestas por el embargo estadounidense. Las autoridades cubanas han denunciado lo que consideran una política hostil por parte de Washington, que afecta el bienestar de su población.
Desde el 20 de mayo de 2026, cuando se hizo pública la acusación, la situación ha generado un amplio debate tanto en la isla como en el ámbito internacional. Organizaciones de derechos humanos han comenzado a seguir de cerca el desarrollo de este caso, mientras que el gobierno cubano mantiene su postura de defensa de su soberanía y derechos.
Con información de Montevideo Portal
